Un estudio, encargado a principios del presente siglo por el entonces Vicepresidente del Gobierno de Canarias, Adán Martin, ponía cifras a una evidencia: la vida para cualquier habitante de Canarias resulta, de media, un 16/17 por ciento más cara que para quien reside en la Península. Una desigualdad que se agranda (¿en otro tanto?) si se vive en una isla periférica.
Nuestra insularidad implica, además, un mercado -de trabajo, sobre todo- fraccionado en siete territorios, con desigual reparto de las oportunidades, en las últimas décadas mayoritariamente vinculadas a los servicios y, por tanto, concentradas en los núcleos turísticos y las zonas urbanas.
En ese contexto, la movilidad entre territorios insulares (que sólo es posible en líneas regulares de avión o barco) y entre diferentes zonas de cada isla, pasa a ser una imperiosa necesidad, por lo general vinculada al empleo, la atención sanitaria o la educación.
La tradicional carestía de los costes de esos desplazamientos viene suponiendo un serio lastre para la gente de estas islas, muy especialmente para las economías más débiles. En el transporte de mercancías -problema aún no resuelto-, el hecho de que un contenedor cueste una cifra similar en el trayecto desde cualquier ciudad asiática hasta la Península, que entre ésta y un puerto de isla capitalina -y, lo que es aún peor, que no resulte más barato hacerlo llegar entre ese puerto y el una isla de las menos pobladas-, además de un sinsentido, supone una causa destacada de ese diferencial negativo que tenemos que soportar en la compra, por ejemplo, de productos de primera y cotidiana necesidad.
Parecida situación soportábamos en el transporte de personas: centenares de euros de coste de un desplazamiento a territorio continental, hasta acercarse a los cien euros cada viaje entre islas o veinte euros la ida y vuelta en guagua en el recorrido más largo de nuestra isla, lo que implicaba un gasto mensual superior a los trescientos euros para cualquier estudiante o trabajador que tuviera que echar casi cuatro horas de guagua diarias para moverse entre esos dos puntos, distantes más de 90 kilómetros.
En revertir de forma radical esa insostenible situación -que se vivía, sin embargo, con resignada aceptación- nos estamos empleando a fondo desde las instituciones canarias en la presente legislatura, con resultados hasta hace poco impensables, que están facilitando la vida a miles de personas y familias canarias.
Primero llegó el aumento, al 75%, de la subvención para los viajes, en barco o avión, entre islas. Una conquista de principios de legislatura ante el Gobierno del Estado, que ha supuesto un ‘pulmón’ económico para muchas familias y empresas, impulsando de manera destacada el movimiento de personas entre islas, con la correspondiente activación de la economía que acarrea.
Tan demandada como recibida con entusiasmo -‘resbalones- del nuevo Gobierno de España incluidos en el arranque de esta medida-, la reciente entrada en vigor de la bonificación en los viajes a la Península para residentes en Canarias representa otro avance en la imprescindible dinámica compensatoria de las mayores dificultades y costes que implica vivir en un territorio alejado y fraccionado. Es de justicia. Pero, una vez más, ha tenido que llegar la coyuntura política de que los dos votos de las fuerzas políticas canarias resulten imprescindibles para la estabilidad del Gobierno del Estado para que este elemental derecho se nos reconozca de forma efectiva. Menos mal que nos necesitan de vez en cuando, porque, de lo contrario, seguiríamos contribuyendo, como los ciudadanos de cualquier otro territorio, a la construcción de modernos ‘Aves’, mientras viajar entre islas (sin más alternativas que el avión o el barco y, por lo general, por necesidad) seguiría resultando un lujo prohibido para miles de canarias y canarios.
No era distinta la situación que nos encontrábamos en el transporte interurbano. Un ejemplo que lo evidencia: hasta mayo de 2016, el viaje de ida y vuelta en guagua entre Puerto del Rosario y Morro Jable costaba algo más de 20 euros, una cifra prohibitiva para quienes, paradójicamente, mayor uso habitual hacen del transporte público colectivo. Hecho, además, agravado por la escasez de viviendas residenciales que sufre la isla, lo que, unido a las grandes distancias entre núcleos de población y la concentración de oportunidades laborales en zonas turísticas que, como Corralejo y Morro Jable, se encuentran en los dos extremos habitados de nuestro territorio, enfrentan a un serio problema, en muchos casos de imposible solución, a personas en búsqueda de empleo, que se ven en la difícil tesitura de rechazar ofertas de trabajo a decenas de kilómetros đe su domicilio habitual por los costes inasumibles de los alquileres (en el improbable caso, a estas alturas, de que encuentren una vivienda) o su alternativa: el transporte público.
Un importante esfuerzo, en torno al millón de euros anuales, del presupuesto del Cabildo de Fuerteventura, hizo posible, dos años atrás, la reducción a la mitad de esos costes de desplazamiento en guagua para residentes y puso en circulación bonos de tarifa plana (1 euro por trayecto, sin distinción de qué recorrido se haga) para mayores de 65 años, personas con discapacidad y estudiantes. Más de 20.000 bonos actualmente en uso demuestran el acierto de esta medida.
Una actuación de impacto, sobre todo, en las familias con menos recursos, que se va a ver muy potenciada por la decisión del Gobierno de Canarias, que se concretará en las próximas semanas, de crear el Bono Residente Canario, que, dotado con una cifra que para nuestra isla se concreta en millón y medio de euros anuales, va a permitirnos, desde primeros de octubre, la extensión de ese bono de 1 euro por trayecto a toda la población residente en Canarias, lo que se traduce en un descuento, en apenas dos años y para los trayectos más distantes, del ¡90 por ciento! En paralelo, reduciremos a la mitad (es decir, a 0’50 euros) el coste actual delos bonos de estudiantes, personas con discapacidad y mayores.
El resultado salta a la vista. Es éste un conjunto de avances que, sin duda, hacen más fácil la vida a miles de residentes en Fuerteventura y a cientos de miles en todas las Islas, a la vez que unen a territorios y personas. Creo que éste es el estilo de hacer política que la gente espera de las instituciones y de quienes tenemos la responsabilidad de gestionarlas.
Blog de Marcial Morales 