Ni aforamientos, ni sueldos vitalicios, ni privilegio alguno…

No falta quien opine que se trata de un debate -uno más- ‘fabricado’ en algún gabinete de comunicación para devolver la iniciativa perdida por el que gobierna y, de paso, relegar al segundo plano de la opinión publicada otros asuntos más escabrosos, como esa incomprensible e infantil obsesión por los títulos regalados (sean Másters que no se han cursado, Tesis Doctorales de contenido ‘cutre’, aparte de alguna Ministra de muy poco recomendables compañías y sobremesas de verborrea machista y homófoba, o un Ministro que hace ‘ingeniería’ para escaquear impuestos), que pone, aún más, patas arriba el prestigio, la solvencia y el mercantilismo de algunas empresas de fortuna amparadas en la respetable denominación de ‘Universidad’. Lo cierto es que, haciéndose eco del ‘clamor silencioso’ de ‘la gente’ (esa inmensa parte de la población que no accede a privilegios), alguien, desde una tribuna política, lo propone y se inicia de inmediato una batalla en la que nadie quiere quedarse atrás ni ser menos en la carrera por demostrar que se está, con decisión firme, por la supresión de los aforamientos.

Una figura que, seguramente, tuvo su razón de ser en la preservación de la independencia de quienes ejercían determinadas funciones útiles a la comunidad. Sobre todo, en tiempos en los que el poder se imponía por las bravas y sin mucho miramiento legal. Pero que, con el paso del tiempo y la mayor madurez de la sociedad civil de los países democráticos, cada día resulta más un residuo del pasado, con el que no faltan personas y partidos políticos dispuestos a especular en clamorosas huidas hacia adelante frente a la acción de los Tribunales de Justicia.

Lo cierto es que, disculpas aparte, están tardando el Gobierno en proponer y las Cortes en aprobar -como sí incorpora el texto de modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias- la supresión de la figura del aforamiento… Y de otros privilegios asociados al ejercicio de cualquier responsabilidad en las instituciones públicas. Por ejemplo, los anacrónicos estatutos de expresidentes de Gobiernos. Una figura que, en varias ocasiones -la última ahora mismo-, han intentado sacar adelante algunas fuerzas políticas en Canarias ¿para ‘dar brillo’ a esa especie de ‘jarrón’ -que todo el mundo elogia, pero con el que nadie sabe qué hacer- que, en palabras de Felipe González, resulta quien deja de ejercer ese cargo?. Enfrente, ejemplos de ética ejemplar, como el del recordado Adán Martín, que pasó de la más alta responsabilidad en esta Comunidad Autónoma a la cola del paro.

Sueldos que se suben (y que, en algunos casos, van a parar a responsables de gestionar presupuestos públicos inferiores a lo que ellos mismos cobran de salario) y se alejan cada vez más del salario mínimo y de lo que podrían aspirar a cobrar fuera del cargo que ocupan quienes los perciben -es demasiado sobada la disculpa de que nóminas altas se justifican porque garantizan la independencia de quien las percibe y alejan las tentaciones de ‘meter la mano’-; vehículos oficiales aparcados sistemática o frecuentemente en la puerta de viviendas privadas o en el aparcamiento de un Centro Comercial y que se usan para fines particulares; multas de tráfico que se anulan… Son formas de corrupción ‘de baja intensidad’, en absoluto comparables, por supuesto, a las prácticas organizadas de utilización de lo público para enriquecerse, pero que deben ser radicalmente inaceptables y que contribuyen, también, al desprestigio y el alejamiento de ‘la política’ de mucha buena gente, lo que lleva como consecuencia que esos ‘espacios vacíos’ de militancia y de voto ‘tiendan a ser ocupados’ -como aprendimos en aquel principio de la física- por otros personajes de dudosas motivaciones y prácticas.

No caben demoras ni disculpas: el ejercicio de la acción pública debe ser, simplemente, ejemplar. Y, de que lo sea, deben responder, en primer lugar, las organizaciones políticas, formando y exigiendo a su militancia un comportamiento intachable. Frente a la lamentable pedagogía de lo público que ejercen en estos días unos partidos que disculpan y amparan las chapuzas de los Másters que no cursó ¡el líder de la oposición de este país! -con qué cara podrá poner en valor el esfuerzo personal como camino hacia el éxito- o de los plagios de la Tesis bajo sospecha ¡del Presidente del Gobierno de España! (y que terminemos por verlo normal…), urge reivindicar el servicio público como una actividad abnegada y de rigurosa defensa del interés general. Y no caben excusas.

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