Lo que era previsible, no tardó en volver a ocurrir. Después de que iniciáramos el siglo con oleadas de llegadas de africanos en búsqueda de un futuro mejor, en la década más reciente empezábamos a creer que la inmigración en cifras destacadas -vistas, siempre, desde la pequeñez y fragilidad de estos territorios insulares- era cosa del pasado. Pero no hacía falta ser muy perspicaz para intuir que, estando las costas de Fuerteventura a menos de cien kilómetros de un continente que sufre la llamada ‘bomba demográfica’, a la que se suman regímenes despóticos y constantes guerras, bastaría -como ha sucedido en la Italia de Salvini- con un cierre de fronteras por el Mediterráneo para que las mafias y sus cómplices en los aparatos de los Estados reabrieran el frente atlántico.
Así se vio desde el Gobierno de Canarias. Su Presidente, Fernando Clavijo, viene, desde meses atrás, llamando la atención del Gobierno del Estado y pidiéndole que active los mecanismos -en buena parte, ‘dormidos’- que permitan estar preparados para afrontar con solvencia (es decir, con humanidad y orden) posibles flujos que, hay que pensar, pueden ser bastante más que arribadas esporádicas de embarcaciones a nuestras costas.
Los hechos no han tardado en darle la razón. Un número de personas venidas que se aproxima a las mil en pocas semanas, apuntan hacia una nueva tendencia, con mares en calma, el Reino de Marruecos lanzando ‘señales’ a Europa (es decir, ‘subiendo el precio’ de su tarea de ‘gendarme’ que evita el salto migratorio de miles y miles de empobrecidos en busca de una oportunidad) y la percepción de los responsables de los dispositivos de seguridad -por el bien estado físico y de ánimo de sus ocupantes- de que un porcentaje muy alto de las embarcaciones que llegan no proceden de la costa africana, sino de embarcaciones ‘nodriza’ que las acercan hasta las proximidades de las islas más orientales.
Además -hay quien se atreve a encontrar una explicación en la anunciada reinstauración de ‘la mili’ en Marruecos-, un porcentaje significativo de estas personas que emigran se declaran menores de edad. Declaración que, aunque muy dudosa en bastantes casos, obliga a mantener a todos los presuntos menores no acompañados en en centro de acogida inmediata específico para menores hasta que las correspondientes pruebas óseas determinen si se confirma, o no, esa importante circunstancia.
Lo cierto es que, en unas pocas semanas, los Cabildos y el Gobierno de Canarias se han visto en la necesidad de afrontar la tutela y guarda de, hasta el momento, unos 330 menores que han venido sin familia. De ellos, una cantidad superior a los 160 están en Lanzarote, ubicados de forma provisional por ese Cabildo en el albergue de La Santa, en el Municipio de Tinajo.
Situados en la perspectiva de que tengamos por delante un período estable -que podría prolongarse en el tiempo- de llegada de personas inmigrantes, teniendo en cuenta que es responsabilidad del Gobierno del Estado la política de fronteras y que corresponde a los Gobiernos autonómicos (el Gobierno de Canarias, en nuestro caso) la tutela de los menores que llegan a nuestro territorio sin acompañamiento de personas adultas, cuya guarda se encomienda a los Cabildos Insulares, una importante reunión, celebrada el pasado sábado, día 13 de octubre, en el Cabildo de Lanzarote, con asistencia del Presidente Fernando Clavijo, la Consejera de Políticas Sociales y su equipo, los Presidentes y Consejeras de Bienestar Social de los Cabildos conejero y majorero y los 7 Alcaldes de Lanzarote, puso en la opinión pública y en todos los ámbitos institucionales una serie de exigencias, propuestas y compromisos que, partiendo de la experiencia que ya acumulamos cuando tuvimos que afrontar esta misma situación (con cifras que alcanzaron, sólo en Fuerteventura, la acogida de casi cuatrocientos menores solos), estoy convencido que van a resultar muy útiles para afrontar este nuevo reto desde la serenidad, la atención a las personas y el orden. Conclusiones como:
. La petición al Gobierno del Estado de que:
. Active los dispositivos de control de nuestras costas (Sive y Frontex), que eviten la pérdida de vidas y faciliten un abordamiento ordenado de este fenómeno.
. Agilice la realización de las pruebas de determinación de la edad de quienes se đeclaran menores, paso imprescindible para que los chicos que se demuestre que son menores puedan pasar a un centro de acogida estable, lo que abre la puerta a su posible traslado a otra isla o Comunidad Autónoma, importante, por ejemplo y en estos momentos, para aliviar el colapso que se soporta en Lanzarote, con las correspondientes dificultades para garantizar un adecuado acompañamiento educativo.
. Dote los efectivos vacantes en las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
. El compromiso de Gobierno de Canarias y Cabildos Insulares en:
. Habilitar centros de acogida inmediata en las islas más impactadas en cada momento, como un recurso en el que pueda estar bien atendidas las personas que se encuentren pendientes de la determinación de su edad. Centrándose el fenómeno en estos momentos en las dos islas más orientales, Gobierno de Canarias y Cabildo de Fuerteventura trabajamos en estos momentos en la adecuación para esta finalidad del inmueble en el que hasta hace un par de años se prestaba servicio residencial a un centenar de personas con discapacidad intelectual. En el caso de Lanzarote, se está a la espera de respuesta escrita del Gobierno del Estado a la solicitud de disponer de una zona fuera de uso en el acuartelamiento de Arrecife.
. El efectivo cumplimiento del acuerdo de distribución de menores, adoptado en 2002, entre todas las islas.
. La solicitud a las demás Comunidades Autónomas para que reciban menores de las Comunidades más afectadas por este fenómeno: Andalucía, Canarias, Murcia, Ceuta y Melilla.
. El envío de unidades de la Policía Canaria para prestar apoyo en zonas en las que se concentre la presencia de menores (como Tinajo, en estos momentos) o en tareas como la realización de las pruebas de edad.
En paralelo, se hace imprescindible, para un correcto afrontamiento del fenómeno migratorio, el desarrollo de políticas de cooperación con los países emisores de estos flujos. Usando como referencia la reunión, celebrada el pasado día 8 en Barcelona entre todos los ministros europeos de Asuntos Exteriores de los países del Mediterráneo, presididos por la Comisaria de Asuntos Internacionales de la Unión Europea, Federica Mogherini, para impulsar el denominado “Proceso de Barcelona”, que implica la creación de una gran zona de cooperación entre los países del sur de Europa y el norte de África, resulta oportuno exigir atención al proyecto; que reivindica Canarias, de cooperación Canarias-África Occidental, que, junto al control de fronteras y creación de una policía europea de fronteras, se complemente con un ambicioso proyecto de cooperación económico y social Canarias-África Occidental, en la línea de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas y de los Acuerdos de París contra el Cambio Climático.
Este proyecto, que lleva Canarias gestionando desde hace varios años, se encuentra congelado y sin impulso por parte del nuevo Gobierno. Ante ello, se hace necesario que el Gobierno de España que se reúna con carácter urgente con el Gobierno de Canarias para coordinar las medidas oportunas y hacer frente al impacto de la inmigración en las Islas.
Al mismo tiempo, que se acelere la creación de un área de cooperación entre las islas ultraperiféricas de la UE, Madeira – Azores – Canarias y África Occidental, que desde hace años viene reivindicando Canarias. Ese espacio de cooperación debe estar dotado de los instrumentos y la financiación necesarios para hacer frente a lo que puede ser un proyecto muy importante de la Unión Europea, dentro de lo que sus principales líderes actuales llaman la nueva Alianza Estratégica de Europa y África.
En definitiva, que el repunte de este fenómeno -como se ha dicho, nada nuevo para la gente de Canarias-, en lugar de convertirse en problema por falta de acción decidida y coordinación, represente una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, tanto en el trato humanitario a las personas que vienen, como en el afrontamiento ordenado de estos flujos. Y dando pasos -los pasos con futuro- en una auténtica política de cooperación, la que puede hacer avanzar un desarrollo de los países de salida, de tal forma que nadie se vea obligado a buscar un lugar en Europa por falta de expectativas de vida digna, o por el riesgo de perder la propia vida, en su tierra de origen.
Blog de Marcial Morales 